La ONU aprueba una resolución rusa que propone un “tratado de cibercrimen”; los críticos dicen que se utilizará para justificar el control estatal de internet.

Un comité de la Asamblea General de las Naciones Unidas votó el lunes para avanzar en una resolución redactada por Rusia, allanando el camino para un tratado global sobre cibercrimen sobre la oposición de los Estados Unidos y los aliados occidentales. Sus opositores dicen que podría usarse para justificar el cierre de la sociedad civil en países represivos.

La resolución fue patrocinada por China, Corea del Norte, Cuba, Nicaragua, Venezuela y Siria, entre otros.

Una votación final para adoptar la resolución en la Asamblea General de la ONU se llevará a cabo el próximo mes. Si se aprueba, un comité se reunirá en agosto del próximo año para redactar los términos de referencia para dirigir la redacción de un tratado.

Rusia afirma que el nuevo tratado será más “inclusivo” y respetará la soberanía de los países. Los críticos dicen que la medida tiene como objetivo justificar el control del gobierno central al estilo ruso de las comunicaciones por internet.

Rusia ordenó recientemente a las compañías de telecomunicaciones que rediseñen Internet dentro de sus fronteras para facilitar la vigilancia de la población y, si es necesario, cortar el sistema de Internet del país del resto del mundo.

Funcionarios estadounidenses y europeos y grupos de derechos humanos ven la resolución como una oportunidad para que estados autoritarios como Rusia y China creen normas globales que respalden el control estatal de Internet.

La votación de 88 a 58, con 34 abstenciones, lleva a la asamblea un paso más cerca de un tratado. Si la Asamblea General adopta la resolución el próximo mes, un comité de expertos se reunirá en agosto en Nueva York para redactar los términos de referencia que guíen la redacción de un tratado.

“Esto desviará recursos a años de negociaciones de tratados y socavará la cooperación urgente en tiempo real en casos de delitos cibernéticos”, dijo un funcionario del Departamento de Estado que, como otros funcionarios entrevistados sobre el asunto, habló bajo condición de anonimato para discutir un asunto delicado.

Rusia ha enmarcado el tratado como una alternativa a la Convención de Budapest, un acuerdo de 2001 liderado por Estados Unidos,cuyo objetivo es fomentar la cooperación internacional en materia de delitos cibernéticos y que está sujeto al estado de derecho y las salvaguardas de los derechos humanos. La Convención, sin embargo, no fue respaldada por Rusia y China en ese momento.

Los funcionarios occidentales dicen que el nuevo acuerdo tiene la intención de establecer un estándar aprobado por la ONU que permita el bloqueo de sitios web considerados críticos de las autoridades gubernamentales y el uso de tecnologías digitales para monitorear a los disidentes.

En los últimos meses, la resolución liderada por Rusia ha enfrentado críticas de grupos de derechos humanos que argumentan que solo expandirá el modelo ruso de estricto control estatal de Internet.

“No se trata del delito cibernético”, dijo un funcionario europeo. “Se trata de quién controla Internet”.

En lugar de abordar el delito cibernético, el tratado respaldado por la ONU daría luz verde a los gobiernos para bloquear sitios web críticos. También alentará a los gobiernos a usar tecnologías para monitorear a los disidentes con el pretexto de “combatir el delito cibernético”.

A principios de este mes, Rusia promulgó su ley de “internet soberano” planeada desde hace mucho tiempo, que faculta al gobierno para crear una infraestructura de internet independiente que podría usarse para cortar la internet del país del resto del mundo, mientras continúa funcionando internamente. La ley también obliga a los ISP a instalar software para permitir que el gobierno filtre el tráfico de Internet.

En una carta abierta a la Asamblea General de la ONU, 36 grupos de derechos civiles argumentaron que el proyecto de resolución liderado por Rusia es innecesario, ambiguo, “fundamentalmente defectuoso y restringiría el uso de internet para los derechos humanos y el desarrollo social y económico”.

También le daría peso a los esfuerzos del gobierno para criminalizar actividades comunes en línea, como el uso de aplicaciones de chat encriptadas.

“No estamos convencidos de que sea necesaria una nueva convención internacional sobre delitos cibernéticos”, argumentan, y agregan: “Cuando se usan indebidamente, las leyes sobre delitos cibernéticos pueden crear un efecto escalofriante y obstaculizar la capacidad de las personas de usar Internet para ejercer sus derechos en línea y fuera de línea.

Con información de: Washington Post y Computing.

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Redacción Abogado Digital.

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