El New York Times en su nota “Políticos y funcionarios, blanco de vigilancia en México” informa sobre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que ha solicitado registros telefónicos de políticos y funcionarios destacados en el país. Según los expedientes judiciales revisados por el periódico, al menos 14 personas fueron vigiladas, incluyendo candidatos presidenciales, encargados de aduanas, alcaldes y miembros del gobierno mexicano.
La fiscalía solicitó a la compañía de telecomunicaciones Telcel que proporcionara registros telefónicos, mensajes de texto y datos de ubicación de estos individuos. Telcel admitió haber recibido y entregado los registros solicitados, cubriendo un período que va desde 2021 hasta el presente. La vigilancia se dirigió tanto a opositores como a aliados del partido gobernante, Morena.
La fiscalía afirma que solicitó esta información en relación con investigaciones de secuestros y desapariciones, pero niega tener expedientes de investigación sobre estos delitos y niega haber requerido información telefónica de los políticos y funcionarios mencionados.
Sin embargo, un juez federal confirmó que la fiscalía sí solicitó a Telcel que entregara los registros. Varios de los afectados creen que fueron vigilados por razones políticas y consideran que son víctimas de un abuso de poder más amplio y sistémico.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió poner fin a cualquier vigilancia ilegal dirigida a los mexicanos cuando asumió el cargo en 2018. Sin embargo, durante su mandato, el ejército mexicano ha utilizado el programa de espionaje Pegasus para vigilar a periodistas, defensores de los derechos humanos e incluso altos funcionarios del gobierno.
La legislación mexicana permite que los investigadores obtengan registros telefónicos sin una orden en casos de emergencia, como secuestros, pero los fiscales están obligados a obtener una orden judicial dentro de las 48 horas posteriores a la solicitud. En este caso, la fiscalía no obtuvo una orden judicial.
Varios juristas consideran que las acciones de la fiscalía son ilegales o constituyen un abuso de autoridad. Las empresas de telecomunicaciones tienen la expectativa legal de colaborar con las autoridades, pero también tienen la capacidad de rechazar peticiones abusivas. Sin embargo, a menudo cumplen con estas solicitudes por temor a represalias debido a su dependencia de las licencias gubernamentales.
Este caso no es el primero en el que una fiscalía en México hace un mal uso de su poder de vigilancia. En el pasado, se ha solicitado ilegalmente el acceso a los registros telefónicos de defensores de derechos humanos y periodistas.
Con información de: New York Times y El Universal.
Artículo redactado con asistencia de diversas inteligencias artificiales generativas con supervisión humana (redacción AD).
